Ferrovial mudará su sede social de España a Países Bajos y comenzará a cotizar en Ámsterdam y Estados Unidos para impulsar su proyección internacional, pero también para rebajar sus costes de financiación y para tener una fiscalidad más favorable de la que soportaba hasta ahora. Lo hará, siempre que sus accionistas lo aprueben, con un reguero de pleitos fiscales por resolver por discrepancias con las Administraciones tributarias españolas.
Al cierre de 2022, la compañía tenía registrados litigios relacionados con inspecciones tributarias en España por un importe de 332,4 millones de euros, siendo los más significativos los relativos al Impuesto sobre Sociedades e IVA por los ejercicios 2002 a 2017.
En 2022, Ferrovial desembolsó 1.569 millones de euros en impuestos (entre soportados, pagados y recaudados), un 13,3% menos que los 1.810 millones de 2021. La cantidad representa el 20,8% de los ingresos globales que la empresa que preside Rafael del Pino contabilizó el pasado ejercicio.
Las disputas entre Ferrovial y Hacienda -extensibles, en todo caso, a la mayor parte de los grandes grupos empresariales en España- vienen de lejos, habiéndose registrado en estos años resoluciones favorables para ambas partes. En la actualidad, para los litigios tributarios vigentes, la multinacional, tiene provisionados 204 millones de euros (en 2021 la cifra alcanzaba los 209 millones), fundamentalmente para los procesos en España. Con ello se protege de resultados adversos en las reclamaciones derivadas de tasas, tributos o impuestos locales o estatales por las diferentes interpretaciones a las normas fiscales en los diferentes países donde opera el grupo.
La dotación y reversión de estas provisiones "se realiza contra el resultado bruto de explotación, contra resultado financiero y/o contra el impuesto de sociedades, dependiendo de la naturaleza de impuesto al que haga referencia la provisión (sanciones, intereses de las mismas y/o cuotas de actas en disconformidad)", explica la compañía.
