El Gobierno tiene la intención de cerrar la Oferta de Empleo Público (OEP) más grande en la historia de España antes de las elecciones del 23-J, que se estima que se acerque a poner en liza casi 30.000 puestos vacantes.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública recogidas por Servimedia, las negociaciones para finalizar los detalles de la OEP se están llevando a cabo con los sindicatos.
La intención del Gobierno es cerrar este asunto en junio o julio, dando cierre a dos ejercicios que se saldarán con ofertas de empleo público sin precedentes. Si en 2022 la convocatoria superó las 27.000 plazas, ahora los sindicatos esperan que vuelva a hacerlo también.
Las OEP de estos años representan un aumento importante, ya que suponen un aumento en plazas del 126% en comparación con los gobiernos anteriores (2012-2017).
El acuerdo con los sindicatos también incluyó en su momento medidas para agilizar los procesos selectivos del personal de la Administración Pública.
En 2022, las plazas se repartieron de la siguiente forma: 34.151 plazas ordinarias, a las que se suman las 10.637 plazas del plan de estabilización del empleo temporal.
Dentro de la oferta de empleo ordinaria, según la minista Montero, 15.800 plazas serán de acceso libre y 9.591 para promoción interna y el objetivo del Gobierno es que estén aprobadas antes de que finalice el año.
Momento de oro para los opositores
Toda esta oferta ha hecho que los últimos años hayan sido considerados como uno de los mejores para opositar, consiguiendo además un auge en el negocio de la preparación y las academias de estudios.
En parte por esta gran oferta, pero también por las tasas de relevo. Se estima que a lo largo de los próximos años hasta un tercio de los actuales empleados públicos podrían jubilarse. En concreto, este umbral afecta a la llamada generación del 'baby boom', los nacidos durante la década de los 60 del siglo pasado que empieza a afrontar los últimos años de su carrera laboral.
Según un estudio de Adams Formación, en la Seguridad Social por ejemplo hasta un 75% de sus funcionarios han superado ya la barrera de los 50 años. Sin embargo, las administraciones públicas también afrontan su particular reconversión, heredada en parte de la crisis económica de 2008, y que ha traído consigo una mayor temporalidad a unos puestos de empleo que en parte han perdido su condición de 'trabajo asegurado'.
Los funcionarios de carrera que están dando paso a su jubilación están siendo sustituidos en parte por interinos o trabajadores eventuales. Su peso en 2010 según la información del Estado apenas suponía un 12% en 2010. Una cifra que en 2020 ya se elevaba hasta el 22%.