La batalla entre las grandes eléctricas y las pequeñas comercializadoras por la subasta de energía de las renovables, la nuclear y la hidráulica sigue abierta y puede acabar decantándose en el Consejo de Ministros de hoy, donde se espera que se apruebe la reforma del PVPC y se incluya la opción de celebración de las mismas para que los precios sirvan, en parte, de referencia para la nueva tarifa regulada.
La CNMC, de hecho, ha insistido en abrir un melón que puede generar una oleada de demandas con las renovables si, finalmente, el Gobierno decide hacerle caso y forzar a las eléctricas a subastar parte de la electricidad que ya tienen vendida de las renovables sus plantas reguladas. El organismo que preside Cani Fernández propone que esta energía se destine a realizar subastas para las comercializadoras de la competencia y los industriales.
Según se desprende del informe de supervisión del mercado minorista de electricidad y gas del año 2021 y avance del 2022, el organismo recomienda implementar las subastas de energía inframarginal previstas en el RDL 17/202, "con el fin de fomentar la contratación a plazo por parte de los comercializadores no tradicionales, mientras se mantuviese el contexto de incremento de la concentración del nivel del mercado minorista y la reducida liquidez de los mercados a plazo".
El objetivo de la subasta era incrementar el mercado a plazo, pero forzando la venta de energía. Solo el 5% de la energía en Europa se vende en el pool, el resto de toda la energía hidráulica, nuclear y renovables reguladas (la que estaría obligada a acudir a las subastas) está ya vendida a clientes finales a precio fijo, tal y como se ha podido ver en los resultados de las compañías.
Fuentes jurídicas consultadas añaden además que las renovables reguladas están protegidas por la Directiva. "Sin perjuicio de los artículos 107 y 108 del TJUE, las políticas de apoyo a las energías renovables deben ser previsibles y estables, y deben evitar los cambios recurrentes o retroactivos. La imprevisibilidad y la inestabilidad de las políticas tienen un impacto directo en los costes de financiación del capital, en los costes de desarrollo de los proyectos y, consecuentemente, en el coste global del despliegue de las energías renovables en la Unión. Los Estados miembros deben evitar que la revisión de toda ayuda concedida a proyectos de energías renovables tenga repercusiones negativas en su viabilidad económica. En ese contexto, los Estados miembros deben promover políticas eficientes en lo que se refiere a las ayudas, y garantizar su sostenibilidad financiera".
Por ese motivo, desde el sector eléctrico se ha insistido en que si se hiciesen las subastas la energía no incrementaría la contratación a plazo, sino que quitaría la energía a unos clientes para dársela a otros.
El RDL que establecía las subastas ya preveía que se harían "dadas las circunstancias del mercado". Las empresas han vendido esta energía y recuerdan que los comercializadores que no han invertido en generación y consumidores "a precios asequibles" incluyéndolas en las subastas de energía inframarginal.
