Renfe está preparando su estructura para afrontar el proceso de liberalización de los servicios públicos de Cercanías en un plazo de diez años, al que obliga la Unión Europea, y aspira a seguir siendo el operador de referencia en el mercado español.
Fuentes de la compañía han confirmado que el contrato-programa entre Renfe y el Estado establece que este proceso deberá hacerse en 2033, lo que significa que las licitaciones de los servicios liberalizados deberán comenzar en 2031, con tiempo suficiente para que puedan arrancar en plazo.
En ese momento, las autoridades competentes en materia de Transportes (la Administración General del Estado o las comunidades autónomas con competencias transferidas -la Generalitat Valenciana negocia ese traspaso-), licitarán el servicio, al que podrá concurrir cualquier operador, pero que será prestado en exclusiva por el ganador del concurso.
