La comitiva de 10 eurodiputados que aterrizó el lunes en Madrid para analizar la marcha de la ejecución de los fondos europeos en España ha terminado su misión tras tres días de exámenes y reuniones. El veredicto, según ha explicado este miércoles la presidenta del grupo, la popular alemana Monika Hohlmeier, es satisfactorio.
Los europarlamentarios han verificado sobre el terreno que el sistema informático que ha desarrollado España para analizar y auditar la ejecución de las inversiones, una herramienta recogida en el hito 173 del plan y cuya implementación se había retrasado, está finalmente operativo. También han despejado las dudas más importantes en torno a la corrupción y la malversación, una de las grandes inquietudes, y han corroborado que toda la información asociada a los fondos está publicada. Como puntos negativos, Hohlmeier pidió más facilidad a la hora de que la opinión pública pueda acceder a esos datos. También reclamó mayor cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y demandó mayor flexibilidad y agilidad en el despliegue de las inversiones.
El tono calmado y conciliador de Hohlmeier durante la lectura del manifiesto conjunto de la comitiva, así como el contenido del mismo, contrastan con el clima amargo que se generó antes de la llegada de la misión. De un lado, antes del viaje, la propia Hohlmeier exigió a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que facilitase la labor de examen de los eurodiputados, al tiempo que le afeó haber filtrado una carta privada. La alemana también sugirió que no se sabía qué estaba haciendo España con el dinero. De su lado, Calviño mostró públicamente sus recelos acerca de la composición de la comitiva. A juzgar por lo que ha detallado este miércoles la propia Hohlmeier, el hacha de guerra ha sido enterrada y la misión vuelve a Bruselas satisfecha y deja en España una lista de recomendaciones.
Uno de los puntos más polémicos que rodean a la gestión de los fondos europeos es la transparencia de la ejecución real. España ha recibido ya cerca de 31.000 millones de euros y ha sido el primer socio en obtener luz verde para recibir el tercer pago, de 6.000 millones. Toda la información asociada a las inversiones “está publicada”, ha señalado Hohlmeier, que sin embargo ha reclamado a las autoridades españolas que “garanticen” que los datos sean más “accesibles y estructurados”, incluyendo información sobre “quién recibe finalmente los fondos”.
