El Gobierno llevó el pasado mes de febrero a Consejo de Ministros el plan de crear una Comisión Nacional de la Energía (CNE) independiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Entonces se sometió a información pública el anteproyecto de ley para crear un ente regulador independiente con una actualización de sus funciones, entre las que figuran reforzar la regulación y apoyar la descarbonización.
Según la Ministra para la Transición Ecológica, "El anteproyecto de ley tiene como finalidad impulsar la transición energética. "Además de las funciones clásicas, regulando los mercados energéticos con precios competitivos para los consumidores, "tiene que incorporar el objetivo de la descarbonización".
Este regulador energético desapareció hace más de una década, cuando todas las funciones quedaron en manos de la CNMC.
Con el restablecimiento de un nuevo ente se busca "garantizar un mayor nivel de especialización del mismo en lo relativo a la materia energética". El texto justifica su creación en la necesidad de contar con "estructuras organizativas dedicadas y superespecializadas".
La CNE se constituirá como entidad de derecho público de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada.
Con funciones regulatorias, consultivas, de asesoramiento entre operadores, de inspección e incorpora nuevos vectores energéticos como los gases renovables e hidrógeno.
También tendrá funciones de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, con autonomía orgánica y funcional, y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y del mercado, según dice el MITERD. Asimismo, estará sometida al control parlamentario y judicial.
Según el citado plan, la CNE estará adscrita al MITERD y ejercerá sus funciones a través de dos figuras principales, el Consejo y el Presidente, que también lo será del Consejo. Estará integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de reelección. De ellos dependerán, además de la Secretaría General y la Secretaría del Consejo, tres direcciones de instrucción: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos combustibles y la de Inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora.
El anteproyecto de Ley de creación de la CNE "propone la incorporación en las metodologías de retribución de redes la posibilidad de que haya incentivos a la calidad del servicio y consecución de los objetivos de descarbonización" y le da nuevas funciones en gases renovables e hidrógeno, dos vectores importantes para la transición energética.
Además, la nueva Comisión incorporará a su catálogo de atribuciones la "resolución de conflictos que le sean planteados por operadores económicos en los mercados de electricidad y gas".
Nuevo fondo económico
El anteproyecto de ley prevé también la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (FGLSEG), para gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado para estos sectores.
Según Ribera, esto permitirá garantizar "precios competitivos para los consumidores y señales eficientes para la inversión".