La Comisión Europea presentó ayer un demoledor informe al Parlamento y al Consejo en el que deja a España sin cobertura legal para mantener la intervención del mercado mayorista hasta finales de año. El informe recomienda la retirada de las medidas de intervención que se han ido adoptando a lo largo de la crisis energética.
Bruselas considera que no deben prorrogarse las medidas relativas al tope de precios de las energías inframarginales (renovables, cogeneración) de 180 euros en Europa (67 euros en España), a la reducción de la demanda, y sobre los precios regulados por debajo de coste para los hogares, microempresas y pymes.
En su informe, en el que revisa las medidas de intervención de emergencia recogidas en el Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo, se apoya en que durante los primeros meses de 2023 los precios del gas natural han caído y se han estabilizado, y por tanto, también los precios de la electricidad.
Asimismo, la Comisión considera que no se esperan picos de precios de la electricidad como los observados a lo largo de 2022 para este próximo invierno y, por lo tanto, justifica que la prórroga no es ni necesaria ni recomendable.
En opinión de Bruselas, la implementación ha sido muy heterogénea en los estados miembros, generando una importante incertidumbre regulatoria, riesgos para el desarrollo de nuevas renovables y la percepción de las mismas como una barrera de entrada. De hecho, desde hace varios meses han sido constantes las peticiones llevadas a cabo por los representantes de las asociaciones sectoriales para que estas medidas desaparecieran el próximo mes de julio.
Algunos estados miembros han reportado dificultades en su implementación, y altos costes administrativos en comparación con sus beneficios. Una posible prórroga de la medida obstaculizaría uno de los objetivos establecidos en la propuesta de diseño del mercado de la Comisión: incentivar los PPAs y garantizar un mercado de PPAs lo más líquido posible.
La protección del consumidor puede garantizarse sin interferir en el diseño del mercado de la electricidad, por ejemplo, mediante la adopción de políticas sociales específicas. Por lo tanto, los beneficios del tope no compensarían el impacto sobre la seguridad de los inversores y los riesgos para el funcionamiento del mercado y la transición.
Por otro lado, la Comisión señala que se está redactando un nuevo código de red sobre la respuesta de la demanda. Una vez finalizado, se espera que incluya normas vinculantes sobre agregación, almacenamiento de energía y reducción de la demanda, lo que facilitará aún más la la participación de la respuesta a la demanda en todos los mercados existentes dentro del sistema eléctrico.
