España ha autorizado hasta la fecha el 90% del dinero europeo del Plan de Recuperación previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y 2022. Trasladado en cifras, esto supone que ya se ha iniciado el proceso de ejecución de unos 47.200 millones de euros. Con todo, en términos de obligaciones de pago, el cumplimiento reconocido cae al 75%. Este último es el indicador que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree el idóneo para comprobar cuál es el ritmo de ejecución real del plan en la economía española, pese a que otros organismos como el Banco de España o la Airef pidan cifras concretas del aterrizaje.
Los números se han dado a conocer este jueves, en la presentación del III Informe de Ejecución del Plan de Recuperación posterior a la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. Montero y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, han explicado, también, que en el primer mes de 2023 se han autorizado otros 9.200 millones de euros, un tercio de lo previsto en todo el ejercicio.
Por todo ello, presumen, la marcha de los fondos va viento en popa. Además, ese remanente de autorizaciones en 2021 y 2022, el 10% restante, se irá poniendo a disposición de los próximos proyectos, por lo que el Gobierno asegura que España podrá ejecutar sin problema la totalidad de los fondos. Esto supondrá un impacto económico sobre el nivel del PIB de 2,6 puntos porcentuales de media al año para el periodo 2021-2031, si bien este impacto se elevará hasta los 3 puntos porcentuales de media al sumar los recursos previstos en la Adenda.
Para muestra de este aumento en el ritmo de aprobación, aseguró Calviño, basta ver el ritmo de los últimos trimestres. Según Calviño, la ejecución “se aceleró en 2022 hasta alcanzar una media de 2.000 millones de euros en convocatorias mensuales”, algo que ha permitido nutrir “190.000 proyectos en todo el territorio nacional”.
Las dos ministras han apuntado que mientras que en 2021 se autorizaron 22.128 millones, en 2022 la cifra llegó a los 25.143 millones, superando en conjunto los 47.200 millones de euros. “Se autorizaron el 90% de los fondos que se presupuestaron entre los dos Presupuestos Generales del Estado. El ritmo se incrementó en más de un 13,6% porque se habían desarrollado ya los raíles suficientes para alcanzar esa velocidad”, explicó Montero. Tan solo en enero de 2023, incidió la titular de Hacienda, se han aprobado otros 9.188 millones de fondos autorizados, el 32% de lo presupuestado para todo el año.
La tendencia debería ser similar en los próximos meses. De hecho, Calviño avanzó que esperan que la Comisión Europea dé pronto el visto bueno al tercer desembolso, de unos 6.000 millones de euros, algo que podría suceder en los próximos días. Con ello, se habría validado el cumplimiento de 121 hitos y objetivos desde que se pusiera en marcha el plan, en julio de 2021.
Del total de fondos ejecutados, unos 20.600 millones se han transferido a las comunidades autónomas en una suerte de cogobernanza económica de la que presume el Gobierno. De esa cantidad, 15.500 millones se han repartido en conferencias sectoriales en las que participan todas las regiones, y otros 5.000 millones se han distribuido a través de subvenciones o convenios por tratarse de proyectos piloto o con alguna idiosincrasia especial.
Las comunidades autónomas que han recibido más fondos europeos hasta el momento son, por este orden, Andalucía (3.262 millones de euros), Cataluña (3.039 millones de euros), Comunidad de Madrid (2.256 millones de euros), Comunidad Valenciana (1.965 millones de euros), Castilla y León (1.283 millones de euros) y Galicia (1.219 millones de euros).
A estos recursos se suman otros 4.900 millones de euros que han recibido los ayuntamientos a través de las convocatorias lanzadas por el Estado y otros convenios para rehabilitación y eficiencia de edificios públicos, zonas de bajas emisiones en centros urbanos, digitalización de la administración o pasillos verdes.