El Gobierno español y la Comisión Europea han entrado en la recta final de las negociaciones para dar luz verde a las ayudas activas en 5G rural, las destinadas principalmente al equipamiento de las operadoras de telecomunicaciones. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que el proceso está cerca de su desenlace y que las sensaciones del Ejecutivo siguen siendo positivas de cara a conseguir en las próximas semanas el plácet de la UE a estas subvenciones financiadas con fondos europeos Next Generation.
Unas ayudas, que como ya ha informado este diario, han tardado más de lo esperado. Las previsiones iniciales de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales eran tener la autorización de Bruselas antes de que finalizase el año pasado, pero fuentes del sector atribuyen este retraso a la burocracia de las instituciones comunitarias. En este sentido, las negociaciones han vuelto a acelerarse en los últimos días, lo que permite al Gobierno volver a confiar en que todo pueda resolverse este trimestre para poder adjudicar las ayudas antes de que finalice 2023.
Este estado de las negociaciones ha permitido también al Ministerio de Asuntos Económicos poner en marcha la consulta pública para identificar las zonas sin cobertura de 50 Mbps y dar a conocer las bases que regularán el programa de ayudas al equipamiento 5G. Según ha indicado el Gobierno, estas subvenciones están diseñadas para promover que los operadores desplieguen las infraestructuras necesarias para la prestación de servicios 5G stand alone (SA), y con capacidades avanzadas en municipios de menos de 10.000 habitantes y sin cobertura de al menos 50 Mbps.
Consulta 5G redes activas
Las operadoras calculan que deben invertir unos 1.500 millones de euros cada una en desplegar las nuevas redes 5G SA, una tecnología que apenas está desplegada en estos momentos y que tendría muchos problemas para ponerse en marcha en la España vaciada. Ello se debe a los elevados costes de llevar las redes a estas zonas remotas y por los escasos habitantes de estos territorios, que hacen comercialmente poco viables estas inversiones privadas.
En este sentido, la idea del Gobierno con esta consulta es también identificar la demanda potencial de los nuevos servicios y aplicaciones que permite la tecnología 5G entre entidades, empresas e industrias en zonas rurales, particularmente, en municipios de menos de 10.000 habitantes. El objetivo es dotar de la tecnología digital inalámbrica de última generación también a las zonas rurales y evitar una nueva brecha de conectividad en zonas donde las operadoras de telecomunicaciones tienen problemas para rentabilizar sus inversiones.
Según han indicado a este diario desde el Gobierno, este proceso de consulta es el paso previo para recibir la autorización de Bruselas, y cumplir con los plazos este 2023, cuando el Ejecutivo se ha comprometido a adjudicar 1.400 millones de euros correspondientes a infraestructuras digitales y sujetas al Plan de Recuperación y Resiliencia financiado por fondos europeos. Esta consulta permanecerá abierta hasta el 18 de marzo, fecha en la que se espera ya se haya recibido la autorización de la Unión Europea.
