El Gobierno quiere que todos los usuarios de vehículos enchufables tengan acceso a una "base de datos segura y fiable". Es por eso que se comprometió a crear un mapa oficial de puntos de recarga que deberá estar funcionando antes del 20 de mayo.
Este compromiso está recogido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de mayo de 2021. El texto legal establece que el Gobierno creará un registro de puntos de recarga y que este deberá estar en vigor “dentro del año posterior a su entrada en vigor”; es decir, antes del 20 de mayo de este año.
La información que prepara el Gobierno y que tendrá que ir actualizando de forma regular se ofrecerá a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico en tiempo real que gestiona la Dirección General de Tráfico.
Mapa oficial de puntos de recarga para coches eléctricos
Para impulsar el mapa oficial de puntos de recarga, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un real decreto para regular la actividad de prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos.
El documento recoge los derechos y obligaciones de los actores que participan en la actividad con el objetivo de facilitar su desarrollo y proteger a los usuarios. Una de las obligaciones destacadas es el envío de información sobre las instalaciones para crear una base de datos oficial de puntos de recarga.
Entre las obligaciones que tienen destaca informar sobre el origen de la energía eléctrica suministrada; disponer de un servicio de atención al cliente para recoger quejas, reclamaciones o incidencias del servicio; y preservar el carácter confidencial de la información de la que tengan conocimiento en el desempeño de su actividad.
Objetivo: 100.000 cargadores en 2023
A finales de 2021, el Gobiernio aprobó un presupuesto de 525 millones de euros para impulsar la instalación de cargadores. El objetivo es que para 2023 haya, al menos, 100.000 cargadores públicos.
Entre las medidas recogidas en la nueva normativa se incluye acelerar las obligaciones de instalación de puntos de recarga tanto en aquellas instalaciones que no son edificios residenciales de uso privado, pero que cuentan con un numeroso volumen de plazas de aparcamiento, como en las estaciones de servicio.
Además, se habilita a los ayuntamientos para adoptar bonificaciones fiscales en este campo y se facilitará la instalación de puntos de recarga en la red de carreteras del Estado, siempre que se cumplan los requisitos de seguridad vial y acceso al mantenimiento de estas.
También se facilitará la implantación de puntos de recarga en los terrenos circundantes a las carreteras del Estado, de cara a la instalación masiva en las estaciones de servicio.
Y se incorpora al ordenamiento jurídico un régimen sancionador para las distribuidoras de electricidad en casos de incumplimiento de plazos a la hora de facilitar información sobre las condiciones de la instalación de puntos.
